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El negocio de la venta de datos en aplicaciones dirigidas al público infantil en época de Covid-19

Debido al periodo de confinamiento en el que se encuentra el país actualmente y a la suspensión de clases, muchas niñas y niños pasan más tiempo en casa y buscan diferentes formas de entretenerse. Gracias al avance de la tecnología en dispositivos inteligentes y la creación de aplicaciones móviles, disponen de un gran abanico de opciones para jugar.

Sin embargo, sus padres no están siempre al tanto de los datos que estas herramientas recopilan, poniendo en riesgo información personal sensible. Multitud de «apps» podrían estar recopilando y compartiendo con terceros los datos personales de niños menores de catorce años sin el consentimiento de sus padres, haciendo así un seguimiento potencialmente ilegal del uso que les dan los menores.

Aplicaciones móviles que acceden a identificadores de dispositivo o datos confidenciales protegidos por permisos de Android y los transmiten a través de Internet, compartiendo información personal o ubicación física sin consentimiento, o sin aplicar medidas de seguridad razonables. Esta es la realidad que nos ha tocado vivir en la era digital en la que estamos inmersos, donde preocupa, y mucho, cualquier práctica que atente contra la vulnerabilidad de nuestros menores, siendo manifiesta la necesidad de tomar las medidas necesarias para proteger la privacidad de los niños.

En esa línea, los organismos públicos encargados de velar por la protección de datos del público infantil han puesto en funcionamiento su maquinaria legal para detectar casos relacionados con la comercialización de información privada de menores. Ejemplar ha sido la reciente sanción de 170 millones de dólares impuesta por la COPPA a Google por incumplimiento de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, según sus siglas en inglés) en YouTube.

Dejando de lado al gigante de Silicon Valley, importantes empresas como Mattel Inc. Viacom Inc., Hasbro Inc. y JumpStartGames, Inc fueron también sancionadas tras una investigación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York que concluía que dichas compañías usaban tecnología de rastreo que, de manera ilegal, permitía a terceros rastrear la actividad en línea de los menores.

En nuestro país, desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y de garantía de derechos digitales (LOPDGDD) en diciembre de 2018, han sido varias las investigaciones y procedimientos sancionadores puestos en marcha por La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), siempre con un único fin, el de garantizar y proteger la privacidad personal y familiar.

Las sanciones impuestas por los organismos envían un fuerte mensaje a las empresas sobre la importancia de cumplir con la Ley de Protección de Datos, pero aún queda un largo camino por recorrer. Se trata de una carrera de fondo en la que el objetivo no es otro más que el de proteger la intimidad de nuestros menores.

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